El Plan de Austeridad Republicana del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca acabar con la corrupción y los privilegios para adelgazar el gasto corriente de la administración pública y así favorecer programas sociales
Estos son los 50 puntos que conforman este ambicioso proyecto que se empezará a implementar el 1 de diciembre, cuando el izquierdista asuma el cargo:
- Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para que el presidente puede ser juzgado por delitos electorales y corrupción.
- Se suspenderán fueros y privilegios de funcionarios públicos.
- Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral.
- Absoluta autonomía para la Fiscalía General.
- La Fiscalía Electoral garantizará elecciones limpias y libres.
- La Fiscalía Anticorrupción actuará con total libertad y posibilidad de castigar a quien sea, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares.
- Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales.
- El presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. López Obrador anunció que ganaría 40 % del salario del actual mandatario.
- No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
- No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
- No habrá más de cinco asesores por secretaría.
- Solo tendrán secretarios particulares los ministros o equivalentes.
- No habrá bonos. El salario será integral según marca la Constitución.
- Se limitarán los viáticos.
- No habrá partida para gastos médicos privados.
- No habrá caja de ahorro especial.
- No se viajará al extranjero sin autorización del secretario.
- Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos.
- Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad.
- Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados.
- Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 % de personal y del gasto de operación.
- Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales (unos 52,800 dólares), de manera progresiva, lo ahorrado debe significar el 50 % del gasto actual.
- Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados y se venderá la flotilla.
- Se cancelarán las pensiones a los expresidentes.
- No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.
- No se podrá contratar a familiares.
- Los trabajadores de confianza trabajarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias.
- No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad.
- Se reducirá en 50 % el gasto de publicidad del gobierno.
- Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en eventos con contratistas.
- Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores del Estado.
- Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles.
- No se comprará ninguna mercancía ya existen en almacenes públicos.
- No se remodelarán oficinas.
- Sólo secretarios y subsecretarios tendrán chóferes.
- Policías y militares no estarán al servicio de funcionarios sin justificación.
- El Estado Mayor Presidencial se incorporará a la Secretaría de la Defensa.
- La residencia oficial de Los Pinos será un espacio cultural.
- Desaparecerán las partidas para vestuario.
- Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte privacidad de personas.
- Se cuidarán los bienes de la oficina.
- Se evitarán gastos de oficinas innecesarios.
- Se tratará con amabilidad a los ciudadanos.
- Las compras del gobierno se harán de manera consolidada y con observación ciudadana y de la ONU.
- Los contratos de obra se harán mediante licitación pública.
- Se acabará la vergonzosa práctica del soborno a legisladores.
- Ningún funcionario público podrá recibir regalos de más de 5,000 pesos (264 dólares).
- No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley.
- En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a los originarias de países que castiguen sobornos o corrupción.
- Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante influencias. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso y a tribunales nacionales e internacionales para actuar por la vía legal. No habrá confiscación o expropiación de bienes.
fuente: Periódico de México
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